Wednesday, April 05, 2006
EL ASESINO DE LAS CUMBRES
Denuncia Diego Santoy agresiones. Monterrey, NL., 14 de marzo. Desde la casa de arraigo de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Diego Santoy Riveroll envió una carta a su familia que tituló "Los frutos de actos viciados", en la cual denuncia que fue obligado a declarar."Mi declaración fue tomada de una forma anticonstitucional", es lo primero que sentencia Santoy Riveroll en el documento de tres cuartillas que hizo llegar a TV Azteca, su padre, José Manuel Santoy.El llamado asesino de Cumbres enlista sus argumentos: asegura que durante su declaración su abogado no estaba presente y que los representantes de Derechos Humanos llegaron después de que ésta comenzara.También denunció que fue adiestrado para declarar datos que le dieron los propios policías judiciales: "Fui obligado y asesorado con datos que debía declarar, me dieron los judiciales datos específicos del caso que yo debía decir", añadió.Luego de estos argumentos, habla sobre lo que dice haber vivido el pasado martes 7 durante el trayecto del aeropuerto de Monterrey a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)."Fui golpeado en el trayecto del aeropuerto a la agencia… cinco golpes en los testículos… tres bofetadas", señala Diego Santoy en la carta.Además de los golpes bajos, el llamado asesino de Cumbres asegura que recibió dos golpes en el abdomen y que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para impedir que respirara.En la segunda cuartilla, Diego Santoy señala que amenazaron con involucrar a sus papás y desaparecer a su hermano. Relata que una vez en la PGJE de Nuevo León, fue llevado a la azotea del edificio y se escuchaban voces que decían: "vamos a tirarlo… vamos a violarlo".El interrogatorio que le realizaron lo describe con un dibujo. En él, aparece un hombre armado con las insignias en el pecho de la PGJE. Ese policía encapuchado se dirige a un tipo detrás de un escritorio que parece ser el Ministerio Público.El policía dice: "pregúntale qué es"; el Ministerio Público obedece y pregunta: "¿qué eres?". Y Diego se dibuja asimismo como un ratón en un banco que responde: "soy un elefante".En la tercera y última cuartilla, Diego Santoy Riveroll cita dos artículos del Código Penal de Nuevo León que se refieren a sus derechos.Por su parte el subprocurador de Nuevo León, Aldo Fasci, negó que Diego Santoy fuera privado de sus garantías, o que haya existido tortura o golpes durante su detención y traslado.En entrevista con Hechos am, señaló que al acusado se le practicaron exámenes médicos en los que quedó constatado que no fue golpeado y aclaró que personal de Derechos Humanos sí estuvo presente durante la declaración ante el Ministerio Público. También desmintió que Diego Santoy hubiera consumido drogas antes del crimen que cometió, como lo declaró su víctima, Erika Peña Coss. Por otro lado se informó que en las próximas 48 horas, Erika Peña será dada de alta y los médicos estiman que no presente efectos secundarios debido a las lesiones que recibió en la espalda y garganta.
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¿QUE TAN AMPLIA ES LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTOS DELICTIVOS?
En México estamos lejos de que las estadísticas muestren de manera contundente el aumento de infracciones en la población menor de 18 años. Los responsables de proponer medidas como la baja de la edad penal deberían antes de ofrecer datos confiables al respecto, mismos que tendrían que ser comparados con otro períodos específicos en el país como para estar ciertos de existe tal aumento.En los Estados Unidos por ejemplo, pese a la vigencia de la pena de muerte y la cadena perpetua en adolescentes, todas las estadísticas muestran que la criminalidad no se detiene y de forma contrastante las prisiones están llena de las minorías con poca capacidad económica (negros y latinos principalmente).Los 15 Estados de la República Mexicana que han reducido la edad penal a los 16 años tampoco han mostrado estadísticas que afirmen que esa medida ha ayudado a la disminución de delincuencia durante períodos sostenidos.UNICEF plantea que el hecho de que los medios de comunicación presten tanta atención a los casos de esta naturaleza debería considerarse más como una prueba de su rareza que de su incidencia creciente (UNICEF, 1997).Llama la atención por ejemplo, que las propuestas de reducir la edad penal aparezcan nuevamente en un momento en el que recientemente una comunidad en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México linchó a un presunto profanador de imágenes religiosas.Cuando en una sociedad cobran fuerza las propuestas para que a una más temprana edad un sujeto se incorpore a un sistema penal como el descrito antes - y aún a sabiendas de que de ninguna forma logrará rehabilitar, es difícil encontrar otra razón de sustento que el deseo de venganza en un contexto de profunda inseguridad y de una precaria procuración de justicia.Pareciera también que ciertos medios de comunicación han encontrado una especial fuente de ventas en casos que alarman a la sociedad, sin que ello se fundamente en estadísticas reales, como ocurre cuando se habla del incremento de la delincuencia juvenil.Pero además los estudios en países en donde existen sistemas de información apropiados muestran que existe una correspondencia entre el aumento de la criminalidad (tanto de adultos como de infracciones en el caso de adolescentes) con la aplicación de medidas económicas determinadas que ponen a las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.El principio del interés superior del niño, establecido en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3º implica la obligación de los Estados a considerar el impacto que las políticas económicas y sociales tendrán en la infancia, antes de ser llevadas a cabo. Así, los gobiernos deberían de prever entre otras cosas la forma en que una decisión facilite que los niños y adolescentes se vean confrontados con la ley.Un apropiado sistema de justicia tendría que incluir, por tanto, sanciones para quienes al tomar una decisión pongan en riesgo a miles de niños, niñas y adolescentes de verse confrontados con la justicia. Así mismo una reforma penal debería de aumentar las penas para quienes usen a menores de edad para cometer actos delincuenciales.
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Thursday, March 30, 2006
EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
Marginación, desamparo familiar, bajo nivel educativo y desempleo son todas causas de la violencia que se apodera de los jóvenes y que los lleva a tomar el camino del delito. Sin dispositivos de contención social con capacidad de prevenir lo peor, el crimen del joven suele terminar en una condena y en la cárcel. Lamentablemente, en el encierro los jóvenes no reciben ninguna atención capaz de sortear el destino del delincuente reincidente; muy por el contrario, suelen ser en las unidades de detención donde los jóvenes alcanzan su verdadera socialización criminal.Así entonces, conociendo el avance de la pobreza y de la exclusión social, y ante la virtual renuncia del Estado a cumplir con su función protectoria, la sociedad se halla severamente amenazada por una tendencia disgregadora, que marca el presente y el porvenir. Un dato basta para corroborar esta tendencia. Durante el año pasado, la mitad de las 23.044 sentencias condenatorias dictadas por la Justicia en todo el país tuvieron como objeto sancionar a menores de 25 años. Año tras año son cada vez más los jóvenes responsables de crímenes, y ello se refleja en las estadísticas judiciales, aunque ellas sólo valgan como indicios de una tendencia mucho más grave. Mientras las sentencias condenatorias fueron poco más de veinte mil, en el mismo lapso la justicia del país recibió más de un millón cien mil denuncias de delitos cometidos, y se estima que habría un tercio más que no habría sido objeto de denuncia. Si se extiende el porcentaje que representan los jóvenes condenados a la totalidad de los delitos ocurridos en un año, se advierte la profunda amenaza que significa que una franja cada vez mayor de la juventud participe de actos delictivos.Los correctivos disponibles en la actualidad son en algunos casos contraproductivos y en otros ineficientes. Si bien es mínima la proporción de jóvenes implicados en delitos que terminan en prisión —y ello por el bajísimo rendimiento judicial—, las unidades penitenciarias no parecen hacer más que estigmatizar y sellar el destino criminal del joven.Jóvenes sin futuro, hijos de hogares disueltos y de escuelas que no han sabido retenerlos, desempleados y empobrecidos, condenados y encerrados: este circuito es el que rápidamente debe ser quebrado y sustituido por mecanismos de contención y de asistencia, tanto en la sociedad civil como en los centros de internación. Estos jóvenes deben tener la posibilidad de construir un futuro, ya que de otra forma, el porvenir de toda la comunidad será aún más violento e inseguro que este presente.
EL ASESINO DE LAS CUMBRES
Denuncia Diego Santoy agresiones. Monterrey, NL., 14 de marzo. Desde la casa de arraigo de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Diego Santoy Riveroll envió una carta a su familia que tituló "Los frutos de actos viciados", en la cual denuncia que fue obligado a declarar."Mi declaración fue tomada de una forma anticonstitucional", es lo primero que sentencia Santoy Riveroll en el documento de tres cuartillas que hizo llegar a TV Azteca, su padre, José Manuel Santoy.El llamado asesino de Cumbres enlista sus argumentos: asegura que durante su declaración su abogado no estaba presente y que los representantes de Derechos Humanos llegaron después de que ésta comenzara.También denunció que fue adiestrado para declarar datos que le dieron los propios policías judiciales: "Fui obligado y asesorado con datos que debía declarar, me dieron los judiciales datos específicos del caso que yo debía decir", añadió.Luego de estos argumentos, habla sobre lo que dice haber vivido el pasado martes 7 durante el trayecto del aeropuerto de Monterrey a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)."Fui golpeado en el trayecto del aeropuerto a la agencia… cinco golpes en los testículos… tres bofetadas", señala Diego Santoy en la carta.Además de los golpes bajos, el llamado asesino de Cumbres asegura que recibió dos golpes en el abdomen y que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para impedir que respirara.En la segunda cuartilla, Diego Santoy señala que amenazaron con involucrar a sus papás y desaparecer a su hermano. Relata que una vez en la PGJE de Nuevo León, fue llevado a la azotea del edificio y se escuchaban voces que decían: "vamos a tirarlo… vamos a violarlo".El interrogatorio que le realizaron lo describe con un dibujo. En él, aparece un hombre armado con las insignias en el pecho de la PGJE. Ese policía encapuchado se dirige a un tipo detrás de un escritorio que parece ser el Ministerio Público.El policía dice: "pregúntale qué es"; el Ministerio Público obedece y pregunta: "¿qué eres?". Y Diego se dibuja asimismo como un ratón en un banco que responde: "soy un elefante".En la tercera y última cuartilla, Diego Santoy Riveroll cita dos artículos del Código Penal de Nuevo León que se refieren a sus derechos.Por su parte el subprocurador de Nuevo León, Aldo Fasci, negó que Diego Santoy fuera privado de sus garantías, o que haya existido tortura o golpes durante su detención y traslado.En entrevista con Hechos am, señaló que al acusado se le practicaron exámenes médicos en los que quedó constatado que no fue golpeado y aclaró que personal de Derechos Humanos sí estuvo presente durante la declaración ante el Ministerio Público. También desmintió que Diego Santoy hubiera consumido drogas antes del crimen que cometió, como lo declaró su víctima, Erika Peña Coss. Por otro lado se informó que en las próximas 48 horas, Erika Peña será dada de alta y los médicos estiman que no presente efectos secundarios debido a las lesiones que recibió en la espalda y garganta.
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¿QUE TAN AMPLIA ES LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTOS DELICTIVOS?
En México estamos lejos de que las estadísticas muestren de manera contundente el aumento de infracciones en la población menor de 18 años. Los responsables de proponer medidas como la baja de la edad penal deberían antes de ofrecer datos confiables al respecto, mismos que tendrían que ser comparados con otro períodos específicos en el país como para estar ciertos de existe tal aumento.En los Estados Unidos por ejemplo, pese a la vigencia de la pena de muerte y la cadena perpetua en adolescentes, todas las estadísticas muestran que la criminalidad no se detiene y de forma contrastante las prisiones están llena de las minorías con poca capacidad económica (negros y latinos principalmente).Los 15 Estados de la República Mexicana que han reducido la edad penal a los 16 años tampoco han mostrado estadísticas que afirmen que esa medida ha ayudado a la disminución de delincuencia durante períodos sostenidos.UNICEF plantea que el hecho de que los medios de comunicación presten tanta atención a los casos de esta naturaleza debería considerarse más como una prueba de su rareza que de su incidencia creciente (UNICEF, 1997).Llama la atención por ejemplo, que las propuestas de reducir la edad penal aparezcan nuevamente en un momento en el que recientemente una comunidad en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México linchó a un presunto profanador de imágenes religiosas.Cuando en una sociedad cobran fuerza las propuestas para que a una más temprana edad un sujeto se incorpore a un sistema penal como el descrito antes - y aún a sabiendas de que de ninguna forma logrará rehabilitar, es difícil encontrar otra razón de sustento que el deseo de venganza en un contexto de profunda inseguridad y de una precaria procuración de justicia.Pareciera también que ciertos medios de comunicación han encontrado una especial fuente de ventas en casos que alarman a la sociedad, sin que ello se fundamente en estadísticas reales, como ocurre cuando se habla del incremento de la delincuencia juvenil.Pero además los estudios en países en donde existen sistemas de información apropiados muestran que existe una correspondencia entre el aumento de la criminalidad (tanto de adultos como de infracciones en el caso de adolescentes) con la aplicación de medidas económicas determinadas que ponen a las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.El principio del interés superior del niño, establecido en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3º implica la obligación de los Estados a considerar el impacto que las políticas económicas y sociales tendrán en la infancia, antes de ser llevadas a cabo. Así, los gobiernos deberían de prever entre otras cosas la forma en que una decisión facilite que los niños y adolescentes se vean confrontados con la ley.Un apropiado sistema de justicia tendría que incluir, por tanto, sanciones para quienes al tomar una decisión pongan en riesgo a miles de niños, niñas y adolescentes de verse confrontados con la justicia. Así mismo una reforma penal debería de aumentar las penas para quienes usen a menores de edad para cometer actos delincuenciales.
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Thursday, March 30, 2006
EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
Marginación, desamparo familiar, bajo nivel educativo y desempleo son todas causas de la violencia que se apodera de los jóvenes y que los lleva a tomar el camino del delito. Sin dispositivos de contención social con capacidad de prevenir lo peor, el crimen del joven suele terminar en una condena y en la cárcel. Lamentablemente, en el encierro los jóvenes no reciben ninguna atención capaz de sortear el destino del delincuente reincidente; muy por el contrario, suelen ser en las unidades de detención donde los jóvenes alcanzan su verdadera socialización criminal.Así entonces, conociendo el avance de la pobreza y de la exclusión social, y ante la virtual renuncia del Estado a cumplir con su función protectoria, la sociedad se halla severamente amenazada por una tendencia disgregadora, que marca el presente y el porvenir. Un dato basta para corroborar esta tendencia. Durante el año pasado, la mitad de las 23.044 sentencias condenatorias dictadas por la Justicia en todo el país tuvieron como objeto sancionar a menores de 25 años. Año tras año son cada vez más los jóvenes responsables de crímenes, y ello se refleja en las estadísticas judiciales, aunque ellas sólo valgan como indicios de una tendencia mucho más grave. Mientras las sentencias condenatorias fueron poco más de veinte mil, en el mismo lapso la justicia del país recibió más de un millón cien mil denuncias de delitos cometidos, y se estima que habría un tercio más que no habría sido objeto de denuncia. Si se extiende el porcentaje que representan los jóvenes condenados a la totalidad de los delitos ocurridos en un año, se advierte la profunda amenaza que significa que una franja cada vez mayor de la juventud participe de actos delictivos.Los correctivos disponibles en la actualidad son en algunos casos contraproductivos y en otros ineficientes. Si bien es mínima la proporción de jóvenes implicados en delitos que terminan en prisión —y ello por el bajísimo rendimiento judicial—, las unidades penitenciarias no parecen hacer más que estigmatizar y sellar el destino criminal del joven.Jóvenes sin futuro, hijos de hogares disueltos y de escuelas que no han sabido retenerlos, desempleados y empobrecidos, condenados y encerrados: este circuito es el que rápidamente debe ser quebrado y sustituido por mecanismos de contención y de asistencia, tanto en la sociedad civil como en los centros de internación. Estos jóvenes deben tener la posibilidad de construir un futuro, ya que de otra forma, el porvenir de toda la comunidad será aún más violento e inseguro que este presente.
posted by Información Analizada | 12:37 PM
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